El Juzgado de Corcubión abrió en julio de 2010 la fase de juicio oral en el procedimiento por la catástrofe ecológica que provocó el petrolero Prestige al partirse en dos frente a las costas gallegas en 2002.
En el auto dictado por el Juzgado, su titular, Carmen Vieiras, delimita los delitos objeto de acusación, los responsables civiles directos y subsidiarios, y exige una fianza de 1.200 millones de euros como medida cautelar a los acusados y por extensión a los responsables civiles.
En este auto, la juez mantiene la situación personal de los acusados: el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, y contra el ex director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González por delitos contra el medio ambiente y daños.
Se señalan como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), y como responsables civiles subsidiarios las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime LTD y el Estado español.
Con la apertura de esta nueva fase del proceso, la juez declaraba órgano competente para la celebración del juicio oral a la Audiencia Provincial de A Coruña y pide a las defensas que presenten sus escritos de calificación.
Una vez se haya concluido este trámite, el Juzgado remitirá a la Audiencia el procedimiento, y cuando sea recibido la sección correspondiente decidirá sobre la admisión de las pruebas, que deben ser practicadas en la vista oral, así como la fecha en que ésta se celebrará.
Será en este momento cuando se planteará todo lo relativo a la infraestructura para desarrollar el juicio. Al no caber recursos contra este auto, salvo en lo relativo a la situación personal, y dado que el procedimiento seguirá su curso aunque las defensas no presenten escrito de calificación (tienen un plazo de veinte días hábiles), no debe haber dilaciones en la continuación del proceso, según destaca el TSXG.
En noviembre de 2002, el petrolero Prestige, un monocasco cargado con 77.033 toneladas de fueloil, con bandera de Bahamas, se partió en dos después de zozobrar frente a las costas gallegas debido a la rotura de uno de los tanques en un momento de tormenta.
Dos helicópteros acudieron a sus proximidades y evacuaron a 24 de los 27 tripulantes, de manera que permanecieron a bordo el capitán, el griego Apostolos Mangouras, de 73 años, que fue detenido y posteriormente liberado tras ser depositada una fianza de 3 millones de euros, así como el primer oficial y el jefe de máquinas.
El buque, procedente de San Petersburgo (Rusia) y que se dirigía a Gibraltar, fue remolcado tras el accidente lejos de la costa gallega.
La marea negra desprendida afectó principalmente a las costas gallegas, que inundó de fueloil, pero perjudicó también, aunque en menor medida, a otras zonas del litoral de España y de Francia.
Los afectados reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, de los cuales más de mil millones corresponden a personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y de comunidades autónomas y el Estado español, y más de 200 millones de euros de peticiones cursadas por Francia.
